Piden a la Corte Suprema que se prohíba a los jueces integrar el tribunal de la AFA

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) pidió a la Corte Suprema que disponga el cese inmediato de las funciones que desempeña un grupo de jueces en los tribunales internos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La AFA, que preside Claudio Chiqui Tapia, se encuentra apuntada por diferentes investigaciones judiciales.

Por un lado, la AFA enfrenta denuncias de presuntos testaferros que habrían ocultado bienes y propiedades fastuosas de sus dirigentes. Por otro lado, la agencia de recaudación ARCA la denunció por apropiación indebida de recursos tributarios.

En medio de la tormenta judicial que rodean los negocios del fútbol, un grupo de jueces cumple funciones en la Asociación. Allí se desempeñan en paralelo a sus tareas como magistrados y la presentación indica que la doble función es incompatible.

En la AFA actúan, por ejemplo, Sergio Fernández, un juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, el tribunal de apelaciones del fuero que trata las demandas contra el Estado. Su hermano, Javier Fernández, integra la AGN, el organismo a cargo de controlar al Estado y fue el principal operador judicial en los tiempos de Néstor Kirchner.

Otro juez que integra el tribunal de la AFA es Néstor Barral. Desde 2020 es camarista federal de San Martín.

En el órgano de la Asociación figura, además, Martín Peluso, que es titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires.

También integra el tribunal Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería que pertenece a una familia judicial. Es hijo de Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país. Sus hermanos también son parte del Poder Judicial: Ignacio Mahiques es juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Juan Bautista es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.

El tribunal de la AFA lo preside Fernando Mitjans, que está casado con Marcela Losardo, que fue ministra de Justicia en el gobierno de Alberto Fernández.

El escrito, dirigido al presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, sostiene que la participación de magistrados en esos órganos vulnera el régimen de incompatibilidades que rige para la magistratura y compromete principios básicos de independencia judicial.

Según el planteo, la actuación de jueces en el Tribunal de Disciplina, el Tribunal de Ética y el Tribunal de Apelaciones de la AFA constituye una actividad profesional expresamente prohibida por el decreto 1285/58. La ACIJ argumenta que esas funciones reproducen de manera sustancial la tarea jurisdiccional: análisis de expedientes, valoración de pruebas, celebración de audiencias y dictado de resoluciones sancionatorias. Se trata, según la presentación, de una duplicación de la función judicial en el ámbito privado, incompatible con la dedicación exclusiva que exige el cargo de magistrado.

El escrito también señala que, aun si no se considerara esa actividad como profesional, el Reglamento para la Justicia Nacional prohíbe a los jueces integrar comisiones directivas u órganos con poder decisorio en asociaciones civiles sin autorización expresa de la Corte Suprema. En ese sentido, la ACIJ afirma haber revisado las resoluciones del tribunal sin encontrar ninguna autorización que habilite a magistrados a desempeñarse en la AFA. Sin ese permiso, la actuación es irregular.

Otro de los ejes centrales de la presentación es el principio de apariencia de imparcialidad. La ACIJ sostiene que no basta con que los jueces sean imparciales, sino que también deben parecerlo ante la sociedad.

La participación de jueces en el entramado del fútbol argentino, cruzado por intereses económicos y denuncias, abre el riesgo de conflicto de intereses.

Finalmente, la organización advierte que, aunque estos cargos sean ad honorem, no pueden ignorarse los beneficios simbólicos y materiales asociados a esas posiciones, como accesos privilegiados a eventos deportivos, invitaciones o hospitalidades.

La presentación queda ahora a la espera de una respuesta de la Corte Suprema sobre su impacto en la independencia judicial.