Ordenan investigar los movimientos bancarios de la AFA y piden datos sobre las empresas fantasma de Estados Unidos

El juez federal Luis Armella ordenó un análisis de los movimientos bancarios que realizó la Asociación Fútbol Argentino (AFA) en el Banco Credicoop desde 2021, haciendo hincapié en las transferencias que hayan llegado desde el exterior. Además, el juez pidió datos a otra entidad bancaria sobre el empresario Javier Faroni, su mujer Erica Gillette, dueños de la empresa TourProdEnter, y de las cuatro personas de Bariloche que permitieron desviaron al menos US$42 millones, según reveló LA NACION.

Armella le pidió al Banco Credicoop que se confeccione “un cuadro detallando las sumas acreditadas y debitadas en la cuentas identificadas, agrupando los movimientos por concepto y por mes calendario, identificando asimismo, libradores y endosantes de los cheques debitados y acreditados, como así también a las personas humanas o jurídicas involucradas en las transferencias vinculadas a las cuentas (especificando en el caso de transferencias del exterior país receptor y beneficiario final), y de quienes hayan retirado o depositado dinero en efectivo".

Respecto a esa misma entidad bancaria, el juez federal de Lomas de Zamora solicitó que informe todos los datos referidos a cajas de seguridad abiertas a nombre de la AFA.

El juez Armella también le mandó un oficio al Banco Coinag, de Santa Fe, para que informe si algunas de las personas involucradas en la maniobra tienen cuentas o cajas de seguridad. En ese listado aparecen el empresario Javier Faroni, su mujer Erica Gillette (responsables de la empresa TourProdEnter), y los cuatro titulares de las cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) constituidas en Florida que recibieron US$ 42 millones: Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López, y Roberto Josué Salice.

El encargado de reclutar a los “prestanombres” fue Juan Schreiber, un empresario hotelero de Bariloche, muy conectado a la city porteña.

El dinero enviado desde TourProdEnter se repartió entre las cuatro sociedades fantasma: Soagu Services LLC (US$10,8 millones); Marmasch LLC, (US$13,4 millones); Velp LLC (US$3 millones); y Velpasalt LLC (US$14,7 millones). Todas registraron domicilio en la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, un edificio de oficinas de dos plantas en Miami. Y utilizaron como agente registradora a la firma Registered Agents Inc, con sede en Wyoming.

Cuando LA NACION reveló la maniobra, tres de las cuatro sociedades fueron cerradas. Velp ya estaba inactiva desde septiembre de 2023.

Todas las medidas fueron dispuestas en una causa por lavado de dinero donde están investigados ex directivos de Banfield y que luego se alimentó con la información que aportó la Dirección General Impositiva (DGI) sobre la empresa Sur Finanzas. A fines de diciembre, los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco pidieron que la causa también abarque el “capítulo internacional” con las maniobras derivadas de la empresa TourProdEnter. En ese momento se allanó la casa de Faroni y la sede de la AFA, donde apareció el contrato por el cual esa firma recaudó al menos US$260 millones desde diciembre de 2021.

Gran parte de ese dinero fue a la firma Adcap Uruguay Agente de Valores. Recibió US$109,9 millones, según la documentación analizada por LA NACION. La cuenta del Bank of America fue la más utilizada para estos movimientos. De allí salieron US$76,6 millones, de los cuales US$8,7 millones llevan el concepto de “Pop pago para proveedores AFA”.

“Una vez recibidos los fondos [desde TourProdEnter LLC] la AFA desde su cuenta comitente en las Islas Vírgenes Británicas para enviar dinero a su cuenta comitente en Adcap Argentina y de ahí, una vez vendidos los bonos, los fondos fueron a cuentas de la AFA en bancos argentinos”, dijeron desde Adcap apenas trascendió la maniobra.

El juez citó ahora al presidente de Adcap Argentina, Agustín Ignacio Honig, para que declare como testigo. La audiencia está prevista para el 3 de marzo.

Una semana después, deberán declarar, también como testigos, dos de los contadores de la AFA, Umberto Mucelli y Claudio Bisurg.

Durante la feria de enero, la causa avanzó a otro ritmo con medidas patrimoniales sobre Faroni, su mujer, y las cuatro personas de Bariloche que abrieron cuentas en Miami.

Este lunes, cerca de la madianoche, el juez Armella decidió reactivar el expediente con una batería de medida. Dentro del capítulo nacional, le ordenó a la Policía Federal que realice un estudio integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, que dio origen a la causa. La misma fuerza deberá llevar a cabo un análisis de la operatoria con Sur Finanzas PSP, la empresa de Ariel Vallejo, “determinando si existen registros de fondos cursados a través de la plataforma de pagos de Sur Finanzas y si estos fueron debidamente exteriorizados en los balances de los del Club Atlético Banfield”.

Además, el juez pidió una auditoría del contrato de sponsoreo entre Sur Finanzas y Banfield. En el expediente ya se probó el vínculo comercial entre la empresa de Vallejo con clubes como Racing, Barracas, Platense, y varios representantes del Ascenso como Los Andes (180 millones), Temperley (55 millones), Armenio (36 millones), Dock Sud (24 millones), Excursionistas (20 millones).

Al pedir los allanamientos en los clubes, la fiscal Incardona destacó en diciembre que “el crecimiento de Sur Finanzas como sponsor y prestamista (del fútbol argentino) coincide con la etapa en la que Tapia consolida su poder en AFA y en la Liga Profesional”.