Fuerte respaldo a la investigación que tiene al exsenador Edgardo Kueider en la mira
La Cámara Federal de Casación Penal respaldó la investigación que llevó adelante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado sobre el exsenador peronista Edgardo Kueider por posible enriquecimiento ilícito.
En diciembre del año pasado, Kueider fue detenido junto con su secretaria de 34 años, Iara Guinsel Costa, con US$200.000 sin declarar.
La Cámara rechazó los recursos de queja interpuestos por los acusados, confirmó procesamientos, embargos y la intervención de la jueza federal Arroyo Salgado.
La decisión fue firmada por los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
Kueider se encuentra detenido en Asunción y se negó a ser extraditado a la Argentina.
En Paraguay, el exsenador Edgardo Kueider y Guinsel fueron enviados a juicio oral en la causa por tentativa de contrabando de divisas.
Kueider y Guinsel fueron arrestados en diciembre pasado, cuando pretendían ingresar a Ciudad del Este desde Brasil con dinero en efectivo sin declarar. Portaban más de 200.000 dólares, 600.000 pesos y 3,9 millones de guaraníes.
En la Argentina, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, tiene a cargo la causa Securitas, donde se investigan presuntos sobornos.
Se trata de la investigación judicial que puso la lupa sobre decenas de funcionarios y exfuncionarios acusados de haber recibido coimas de la empresa de seguridad privada para facilitar contrataciones públicas.
Kueider no formó parte de la causa originalmente, pero fue incorporado a la misma por las sospechas de que el dinero de esos cohechos podría haber sido el origen de parte de sus inversiones inmobiliarias.
Tras rechazar el pedido de extradición, el exsenador volvió al departamento de Asunción donde cumple arresto domiciliario y donde, por la mañana, había sido arrestado y trasladado por Interpol.
El pedido de extradición de la justicia argentina llegó en enero de este año a Paraguay. No obstante, el Ministerio Público paraguayo, que actúa como órgano requirente en el vecino país, no estaba inicialmente conforme con la documentación enviada por la justicia argentina.
Por ello, se solicitó que se complementara la información, ya que existían cuestiones formales establecidas en los tratados internacionales que debían respetarse para evitar posibles nulidades. Finalmente, tras la entrega de la documentación complementaria, la Fiscalía General del Estado paraguaya solicitó formalmente el inicio del proceso de extradición y la orden de detención preventiva de los ciudadanos.
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