La Justicia avanza con medidas sobre la quinta de Pilar atribuida a Claudio "Chiqui" Tapia y su ladero Pablo Toviggino
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky solicitó este martes una serie de medidas de prueba sobre la finca de Pilar que se la atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y ladero del presidente de esa asociación, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
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El magistrado formuló pedidos a aseguradoras, a la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRA) y a empresas de GPS y de telepase por los autos que estaban en la finca, además de haber formulado la misma solicitud a compañías de internet, cable y celulares por la vivienda.
En el hallanamiento realizado la semana pasada, la Justicia confiscó un total de 57 vehículos, entre los que sobresale una flota de alta gama integrada por dos Porsche 911 —en versiones S y GTS, ambos patentados en 2025—, una Ferrari F430 modelo 2005, un Porsche Panamera 2024, una Porsche Macan S 2021 y un Porsche 718 Cayman S 2019. El listado se completa con un Audi R8 V10 Quattro 2018, un Chevrolet Camaro Convertible 2018 y un Ford Mustang Mach 1 2023. Junto a estos autos de lujo, también fueron encontrados modelos de perfil más austero y menor valor, como un Fiat Spazio 1992, una Coupé Fuego y una Chevrolet Tracker 2022.
La Cámara Criminal y Correccional Federal había resuelto la semana pasada que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10 debe continuar la investigación por presunto lavado de activos que involucra a Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte -acusados de adquirir un inmueble en Pilar a través de la firma Real Central S.R.L. sin respaldo económico suficiente.
El conflicto de competencia se originó luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente y remitiera la causa al fuero penal económico, cuya magistrada interina rechazó la intervención y devolvió el expediente.
La Sala I de la Cámara sostuvo que los hechos encuadran, en principio, en el delito previsto en el artículo 303 del Código Penal y que, al no advertirse elementos que justifiquen la intervención del fuero criminal federal, la causa debe tramitar en la jurisdicción penal económica, especializada en materia de orden económico y financiero.
Con información de Noticias Argentinas y medios
JIB
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